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"Educar a los niños y niñas en la ética de una ciudadanía honrada, participativa y comprometida con el buen gobierno de los bienes públicos se ha convertido en una tarea imposible en España,  donde los interminables casos de corrupción enseñan a los menores que la política es una vía para el rápido enriquecimiento grupal o personal.  Pedimos que, como las películas que se complacen en la violencia o la pornografía, se evite a nuestros niños el bombardeo continuo de estos malos ejemplos en su educación y, para vergüenza política, se eliminen estas noticias  en los medios televisivos en horario infantil", ha declarado la coportavoz de la Coordinadora Verde, Sonia Ortiga.

Florent Marcellesi, coportavoz de la coordinadora Verde y de Berdeak-Los Verdes, acusa a los partidos mayoritarios de "no tener la voluntad política de poner los medios necesarios para  fomentar la transparencia de la Administración y luchar así contra la corrupción." Recuerda que  España es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información, a pesar de que el PSOE incluía la aprobación de esta ley en su programa electoral de 2004 y 2008. "Si los datos de Transparencia Internacional nos indican en su informe 2009 que España bajó otros cuatros puestos más en la lista de corrupción, estando por debajo de la media de la Unión Europea, hay que pensar que las medidas que se están tomando son insuficientes y no atajan la clave del problema", ha manifestado el coportavoz, que añade que "cuando la corrupción se da a las escalas que estamos comprobando, se convierte, además en un fraude democrático."

Según datos de la última memoria del fiscal general del Estado, existen en estos momentos 720 causas judiciales abiertas contra cargos públicos, de las que casi 500 corresponden al PSOE y al PP.  El saqueo de la corrupción política ha supuesto en los últimos diez años una cantidad en torno a los treinta millones de eruros (5.000 millones de pesetas), que en una situación de crisis como la actual, con miles de familias que no llegan ni a principio ni a final de mes y que incluso ven cómo sus viviendas son embargadas y subastadas, constituye una doble agresión moral contra la ciudadanía.   Por delitos relacionados con la corrupcion, han sido imputados más de 800 políticos, funcionarios y empresarios, lo que fundamenta que según el Barómetro Global de la Corrupción 2009, la población estime que los partidos politicos son las instituciones más corruptas.  En España sigue si aprobarse una ley de acceso a la información.