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La ONG denuncia que el gobierno español mantenga su apoyo a unas políticas que no reducen las emisiones contaminantes ni la dependencia del petróleo y agravan la crisis de los alimentos.

Intermón Oxfam ha salido hoy a la calle para exigir al gobierno español que deje de apoyar las metas de consumo de biocombustibles de un 10% para el transporte en el 2020, que la UE quiere imponer a través de la futura Directiva de Energías Renovables. Los activistas han desplazado hasta el Ministerio de Industria un “coche” que se alimenta de maíz para denunciar el uso que la UE quiere hacer de los alimentos como combustible, cuando millones de personas en los países pobres apenas pueden comer por la subida global de los precios. La ONG confía en que el Gobierno español modifique su postura sobre las metas de consumo, como ya han hecho instituciones internacionales y otros gobiernos europeos.

Intermón Oxfam ha denunciado también que las actuales políticas de biocombustibles no son una solución al cambio climático  De hecho, se calcula que hacia el 2020, como consecuencia de la meta de la UE de consumo, las emisiones de carbono procedentes del cambio de uso de la tierra para producir aceite de palma podrían ser casi 70 veces más altas que el ahorro energético que la UE confía en alcanzar entonces con el uso de biocombustibles.

Impuesto sobre el alimento y presión sobre la tierra

José A. Hernández de Toro, portavoz de Intermón Oxfam para agricultura, explica el papel distorsionador de los subsidios de los países ricos: “Si un cultivo vale más como combustible que como alimento, entonces será utilizado para producir combustible. Y esto es exactamente lo que está pasando por culpa de importantes subsidios y de deducciones fiscales. Las reservas de grano se encuentran en la actualidad en niveles permanentemente bajos, colocando a millones de personas en una situación muy vulnerable.”

De hecho los países ricos están dando apoyo a su propia producción de biocombustibles, además de mediante metas de consumo y subsidios, también con deducciones y aranceles. Todo ello ha sido descrito como un nuevo “impuesto sobre el alimento”. “Es un impuesto regresivo porque afecta sobre todo a las poblaciones más pobres porque lo que gastan en alimentos representa una gran parte de sus ingresos. Pero además de encarecer los alimentos, las actuales políticas de biocombustibles están expulsando a muchos campesinos de sus tierras,” ha denunciado Hernández de Toro.

En Tanzania, un alud de inversiones está llegando de la mano de empresas europeas que buscan tierras donde producir materia prima para los biocombustibles, atraídos por un floreciente mercado. En un contexto de escasa transparencia en el proceso de asignación de tierras y debilidad del estado para regular las inversiones, miles de campesinos han cedido sus tierras sin haber recibido las compensaciones y las ofertas de empleo prometidas.

Hernández de Toro sostiene, por otra parte, que los biocombustibles no satisfarán la necesidad de independencia energética de los países ricos: Incluso si toda la producción mundial de oleaginosas se destinase a biodiesel,– y en el proceso todos nosotros tendríamos menos para comer- no sería capaz de alcanzar ni tan siquiera un 10 por ciento del consumo de diesel. Los gobiernos de los países ricos no deberían utilizar los biocombustibles como una excusa para evitar decisiones urgentes sobre cómo reducir su demanda desbocada de gasolina y gasóleo”.

El Banco Mundial, Irlanda y Gran Bretaña, contra las metas

Algunos países europeos han empezado a desmarcarse de la directiva. Irlanda, por ejemplo, ha abandonado recientemente la meta de consumo que se había impuesto de 5,75% de biocombustibles para el transporte en el 2010 por las dudas crecientes sobre los beneficios que realmente reportan. El presidente del Banco Mundial, Richard Zoellick, por su parte, ha pedido recientemente que los países ricos modifiquen sus políticas de biocarburantes para dar prioridad a la producción mundial de alimentos. En Gran Bretaña han surgido críticas también a la futura directiva de la UE después de la publicación del informe Gallagher, de la Agencia británica gubernamental de Combustibles Renovables, que advierte de que la expansión incontrolada de los biocarburantes podría tener efectos negativos en el uso de las tierras de cultivo y empujar al alza el precio de los alimentos.

España debe revisar sus políticas ahora. “La evidencia sobre el daño es abrumadora y no es comprensible que el gobierno español no modifique su postura”, ha afirmado Hernández de Toro. Incluso en países pobres donde los biocombustibles pueden ofrecer alguna ventaja, los costes potenciales son graves y debería procederse con precaución.  “Los países ricos se gastaron el año pasado 15.000 millones de dólares en ayudas a los biocombustibles mientras obstaculizaban el etanol de Brasil, más barato y menos perjudicial para la seguridad alimentaria global. Es la misma cantidad de dinero que Intermón Oxfam considera que se necesita para ayudar a los países pobres a abordar la crisis de los alimentos”, ha explicado Hernández de Toro.

Contra las políticas de promoción de los biocombustibles, también en internet

Intermón Oxfam ha lanzado una acción electrónica en su página web por la cual los internautas son invitados a enviar una carta a los eurodiputados españoles. En ella les piden que voten en contra de las metas de consumo de biocombustibles del 10% para el 2020 en la próxima reunión del Comité de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, prevista para mediados de septiembre. En julio la Comisión de Medio ambiente ya emitió un dictamen que recogía buena parte de las críticas sobre los impactos medioambientales y sociales de esta medida.