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Frenar las renovables perjudica a España, aumenta el paro y va contra las obligaciones de las directivas europeas.

Greenpeace valora muy negativamente la decisión del Gobierno de paralizar el desarrollo de las energías renovables en España. La moratoria supone condenar al paro a decenas de miles de personas, paraliza uno de los pocos sectores en que este país tiene perspectivas de progreso y exportación, y va en dirección contraria a las normativas europeas que obligan a los países miembros a desarrollar las renovables.

España está obligada a alcanzar un objetivo del 20% de energía de origen renovable para 2020, tal como establece la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Dicha obligación se concretó en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables y en el Plan de Energías Renovables, que especifican las medidas para alcanzar dicho objetivo.

"Paralizar las renovables es justo lo contrario que tendría que hacer el Gobierno y es un regalo a las compañías eléctricas", ha declarado José Luis García Ortega, responsable del área de Investigación e Incidencia  de Greenpeace. "España necesita más energías renovables para crear empleo, reducir las emisiones y romper la actual dependencia de fuentes de energía que no tenemos y que cada vez cuestan más".

En opinión de Greenpeace, el hecho constatado de que hay más potencia eléctrica instalada de la que se necesita debería llevar a una decisión de cierre de aquellas centrales más peligrosas y contaminantes, como son las de carbón y las nucleares, empezando por Garoña. Sin embargo, el Gobierno ha preferido favorecer los intereses de las grandes compañías eléctricas, a las que está dispuesto a regalar el aumento de vida de las nucleares mientras frena las renovables, que son las que más empleo generan. La semana pasada, un informe de la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA) mostraba que la energía solar crea cinco veces más empleo que la nuclear o los combustibles fósiles para producir la misma energía.

Para reducir el déficit tarifario, Greenpeace propone la medida inicial de derogar el decreto que subvenciona la quema de carbón nacional, el cual está causando una aumento de las emisiones que provocan el cambio climático. "Es irónico que el ministro Soria prefiera favorecer a las compañías eléctricas y no le importe perjudicar al turismo, que será una de las grandes víctimas del cambio climático", ha declarado Aida Vila, responsable de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace.

Otras formas de reducir los costes que realmente causan el déficit tarifario serían eliminar los grandes ingresos injustificados que cobran las centrales nucleares e hidráulicas, reducir con medidas de eficiencia la quema de combustibles fósiles por cuyas emisiones hay que pagar derechos de emisión, o dejar de subvencionar a las centrales térmicas insulares.