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Amnistía Internacional da la bienvenida al compromiso del Congreso de los Diputados adoptado el pasado 14 de febrero, para evaluar el I Plan de Derechos Humanos y aprobar una Estrategia de Derechos Humanos para la X Legislatura. Esta iniciativa contribuye a la consolidación y continuidad en España de tan importante herramienta, y constituye un compromiso de la Cámara con los derechos humanos desde el principio de la Legislatura.

El Pleno aprobó una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que insta al Gobierno a evaluar la implantación, cumplimiento y desarrollo de las medidas contenidas en el Plan de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno socialista el 12 de diciembre de 2008. También compromete al Ejecutivo a implementar una estrategia con medidas concretas en política exterior e interior para la promoción y protección de los derechos humanos.

“Desde Amnistía Internacional pedimos al Gobierno que en un plazo razonable ponga en marcha la petición que le ha trasladado el Congreso de los Diputados, llevando a cabo la evaluación del anterior Plan y presentando la nueva Estrategia de Derechos Humanos”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

En el marco del I Plan de Derechos Humanos se cumplieron algunos compromisos como la aprobación del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual, la creación de la Comisión Internacional contra la pena de muerte, la ratificación del Convenio del Consejo de Europa de Lucha contra la Trata de Personas, la ratificación de la Convención para la Prohibición de las Bombas Racimo y de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

Peticiones para la nueva Estrategia de Derechos Humanos

Amnistía Internacional le pide al gobierno que en base a los resultados de la evaluación del Plan de la IX Legislatura, adopte compromisos para consolidar las medidas que ya fueron puestas en marcha en su momento, así como para la adopción de aquellas que quedaron pendientes.

Para la elaboración de la nueva Estrategia de Derechos Humanos, es necesario seguir las recomendaciones recogidas en el“Manual para elaborar un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos”1 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

En esa línea, la organización considera que la nueva Estrategia deberá garantizar medidas concretas tanto de política exterior como de política interior con objetivos claros, indicadores medibles y plazos. Debería contar con la capacidad de vincular a todas las instituciones del Estado, disponiendo sus acciones de los medios suficientes para ser puestas en práctica.

“Además, es esencial que se asegure la participación de la sociedad civil, y se avance hacia una mayor transparencia con ésta y con el Parlamento, mediante el desarrollo, en este último caso, de un dictamen, previa presentación de un informe anual por parte del Gobierno”, destacó Esteban Beltrán.

Próximamente la organización hará llegar al gobierno una Agenda de Derechos Humanos para la Legislatura, con recomendaciones de política exterior y política interior, que esperamos sean tenidas en cuenta a la hora de elaborar esa nueva Estrategia. Amnistía Internacional pide al Gobierno que la Estrategia incluya, entre otros:

En Política Exterior es necesaria la adopción de una política de Estado en materia de derechos humanos y hacer de ellos un interés nacional en su acción exterior. Para ello se debe:

Impulsar de manera proactiva un Tratado Internacional para Regular el Comercio de Armas, ahora en febrero en Nueva York en la reunión preparatoria que está teniendo lugar, y después en julio, fecha en la que se aprobará dicho Tratado. Este tratado debe ser lo suficientemente efectivo como para evitar la venta de armas a países donde pueden ser utilizadas para cometer violaciones de derechos humanos, como ocurrió con Libia o Egipto.

Priorizar los derechos humanos en las relaciones bilaterales, con especial atención y urgencia en los Países del Norte de África y Oriente Próximo, y en países como Colombia, Guinea Ecuatorial, China, Cuba, Marruecos, Sáhara Occidental, incluyendo objetivos específicos y realistas de derechos humanos en las agendas con estos países.

Continuar liderando iniciativas mundiales contra la pena de muerte, consolidando el trabajo de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, impulsada por España.

En Política Interior, el Estado español debe dar respuesta a las situaciones de vulneración de los derechos humanos que se producen en el país, dando pasos para:

Reconocer y proteger derechos como el derecho a la salud y a la vivienda como auténticos derechos, estableciendo mecanismos para reclamarlos ante la justicia.

Investigar las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo, impulsar una investigación judicial efectiva de estos crímenes y garantizar que las víctimas y sus familias tienen acceso a la verdad, justicia y reparación.

Garantizar que en el nuevo escenario que se vive en el País Vasco, los derechos humanos sean la hoja de ruta en todo momento, no permitiendo espacios para la impunidad para los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por ETA, pero investigando también los cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Poner en marcha de una Estrategia Nacional e Integral de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, así como la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato para luchar contra la discriminación en todas sus formas.

Información de contexto

En la pasada legislatura, ya Amnistía Internacional dio la bienvenida a un plan aprobado por el Gobierno socialista el 12 de diciembre de 2008, por tratarse de un instrumento fundamental para la defensa y protección efectiva de los derechos humanos tanto en España como en otros países, a través de la acción exterior, bilateral y multilateral.

Al inicio de esta Legislatura varios grupos parlamentarios (Grupo Vasco, Grupo Socialista y Grupo la Izquierda Plural) han presentado iniciativas instando al gobierno a adoptar un nuevo Plan, continuando con el compromiso adquirido por el Parlamento en el Debate del Estado de la Nación en julio de 2011 con la continuidad de un Plan de Derechos Humanos.

El pasado 19 de enero un total de 75 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, se dirigieron a través de una carta abierta al Presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, para instarle a que cumpliera este compromiso.

En el pleno de ayer se debatió la propuesta del Grupo Vasco. El texto, salió adelante después de que el grupo proponente aceptara una enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Popular, y contó con 306 votos a favor, 14 en contra y una abstención.