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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA se suma a la amplia condena internacional que se ha levantado con motivo del juicio al juez Baltasar Garzón por su intento de investigar los crímenes del franquismo y en particular por querer que se produzca la satisfacción de sus víctimas.

Con este juicio no se procesa tan sólo a Garzón, se está juzgando el derecho de toda la sociedad a que se investiguen esos crímenes y a que se repare a las víctimas. Con este juicio se trata, amparados en las denuncias de organizaciones filofacistas como Manos Limpias y en una actuación más que cuestionable del Tribunal Supremo, de que nunca acabe la impunidad de torturadores y asesinos franquistas, de que nunca las víctimas vean reconocidos sus derechos y de que nunca los miles de familiares de personas desaparecidas, que es un delito de lesa humanidad, puedan recuperar sus cadáveres y honrar a sus seres queridos.

El Congreso hace dos años restringió enormemente, entre las protestas de las organizaciones defensoras de derechos humanos, el principio de “Justicia Universal”. Ahora se trata de que el Derecho Internacional, frente al que ninguna otra legislación nacional prevalece, sea el que quede arrinconado y vea obviada su aplicación en España.

De hecho no se puede invocar a este respecto la Ley de Amnistía de 1977, cuya revocación ha sido pedida por el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU. Porque entienden justamente que la desaparición forzada y la tortura no prescriben y no se les puede aplicar ninguna amnistía. Y que en este caso prevalece sin duda el Derecho Internacional.

Por ello, más allá de muchas actuaciones polémicas y rechazables del juez Baltasar Garzón en relación a las garantías para procesados y detenidos, y a la falta de investigación y tramitación de denuncias de tortura y malos tratos, sobre las que hemos alertado la APDHA en más de una ocasión de manera muy crítica, lo que está en juego es si nuestro país está sometido al Derecho (con mayúsculas) o, por el contrario, van a quedar abiertas las heridas que una guerra y una cruel dictadura abrieron a sangre y fuego en nuestro país. Lo que está en juego es que sea blindada para siempre la impunidad de los crímenes franquistas y se olvide para siempre a cuantos cayeron asesinados por aquél régimen de la dictadura.

Nos sumamos en definitiva a la exigencia de Amnistía Internacional: el Estado español tiene la obligación de esforzarse con todas sus consecuencias para revelar la verdad de los millares de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos durante el franquismo y en proporcionar reparación plena a las víctimas y a sus familias.