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La desaparición de cientos de personas en las aguas que rodean la frontera sur europea no puede ser calificada como un mero accidente.

Como CEAR y otras muchas organizaciones sociales han denunciado reiteradamente, la política de cierre y externalización de fronteras hace que las personas que intentan llegar a territorio europeo huyendo de la pobreza o las violaciones de derechos humanos tengan que asumir más riesgos.  Delegar el control de fronteras en países extracomunitarios como Libia, donde no se pueden garantizar los derechos de los migrantes, significa también asumir una corresponsabilidad respecto a las personas que se ven afectadas por esos acuerdos, tal y como han recordado instituciones como el Parlamento Europeo o el Defensor del Pueblo español. Libia, además de estar negociando con la Unión Europea un tratado que contemplaría el comercio, la energía y las migraciones,  ha firmado recientemente un acuerdo con Italia para patrullar las costas y frenar así el flujo de personas que llegan a territorio italiano por mar, un patrullaje que comenzará en las próximas semanas y que ha podido causar el aumento de embarcaciones hacia Europa. 

Cuando las políticas migratorias se basan en el cierre de fronteras, en la delegación de la responsabilidad en países que no están en condiciones de asegurar los derechos humanos y en el rechazo, tanto con barreras físicas como simbólicas, de los seres humanos que huyen de la miseria o de las violaciones de derechos humanos, las muertes de estas personas son un precio que Europa debe aclarar si está dispuesta a hacer pagar.

Por tanto, CEAR pide que la Unión Europea no contemple pasivamente estos naufragios, y que deje de eludir su responsabilidad. La UE debe actuar de manera inmediata  para localizar y rescatar, estén en el estado en que estén, a los cientos de personas desaparecidas. CEAR exige que no se manipule la tragedia con intereses partidistas, que no se señale a las ‘mafias’ como únicas responsables de estas muertes ni se culpe a supuestas políticas de “efecto llamada”, cuando la realidad es que estos últimos naufragios se han producido a las puertas de un país europeo cuya política que no se ha caracterizado precisamente por su “efecto llamada”, sino al contrario, por el cierre de fronteras, la criminalización de los inmigrantes y las actuaciones xenófobas.

CEAR pide también responsabilidad a aquellos medios de comunicación que hoy se han apresurado a calificar como “inmigrantes ilegales” a las personas desaparecidas, cuando ni siquiera han podido llegar a ningún territorio en el que romper la legalidad vigente. CEAR recuerda que son naúfragos y por tanto sujetos de derechos según el convenio internacional de búsqueda y rescate marítimo y de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar de 1982. CEAR espera que en este caso no haya vuelto a desaparecer el sentido humanitario frente a otro tipo de intereses, y por tanto exige a los países miembros de la Unión Europea una investigación sobre los naufragios ocurridos frente a las costas de Libia.

Por último, CEAR pide al gobierno español que lidere en la Unión Europea la defensa de los derechos humanos, cuando está próximo a asumir la presidencia de la UE en el primer semestre de 2010.