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La Federación Andalucía Acoge valora como positivo el anuncio del Ministerio del Interior de regular mediante reglamento el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros a raíz de las campañas realizadas durante años por esta y otras organizaciones sociales y que en los últimos meses han encontrado eco en numerosas instancias nacionales e internacionales. No obstante, reclama que dicho reglamento se realice con el consenso de los agentes sociales y garantice así los derechos de las personas que se encuentran allí internadas.

La organización se congratula de que el ministerio haya propuesto la sustitución en sus funciones de la policía por personal especializado, ya que es una propuesta histórica de Andalucía Acoge. Eso sí, estima que debería ser personal dependiente de la administración y con formación social. Asimismo, considera que el reglamento servirá para poner fin a la arbitrariedad y la discrecionalidad de cada centro que se traducía en maltrato y vejaciones hacia los internos, tal como se ha puesto de manifiesto en el último informe de Migreurop CIE, Derechos Vulnerados.

A pesar de ello, Andalucía Acoge sigue exigiendo el cierre de estas instalaciones, por no responder a los objetivos para que los que han sido creadas y afirma que estos objetivos podrían cumplirse mediante otras medidas cautelares previstas en la ley y que no tienen por qué contemplar el internamiento. Además, en respuesta a la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la que adelantaba “cambios de cierto calado” para los CIE de Málaga y Algeciras, la federación responde que “la única reforma de calado posible para estos centros es la demolición”, tal como indican, no sólo las organizaciones sociales, sino también instancias como la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo Estatal y sindicatos policiales. En el caso de Málaga es aún más sangrante, apuntan, dado que la amenaza de ruina ha obligado al traslado de la Unidad Canina de la Policía Local de Málaga, mientras que las personas continúan allí.

Por último, la entidad recalca la idea, también expresada por el ministro, de que las personas inmigrantes no son delincuentes por no tener la documentación en regla, algo que constituye sólo una falta administrativa. Razón de más, aduce, para que se ponga fin, de manera definitiva, a los 12 centros de internamiento que existen en España.