ENE

La Plataforma del Tercer Sector, que agrupa a las principales asociaciones y plataformas representativas del mismo, mostró hoy su enorme preocupación por los efectos que  la reciente sentencia del Tribunal Supremo puede ocasionar en el actual modelo de asignación tributaria del IRPF para fines sociales, que responde actualmente a una configuración de competencia estatal.

El actual modelo de reparto del 0,7% de IRPF para fines sociales, ahora en riesgo, ha mostrado su buen funcionamiento y cómo ha reforzado a las organizaciones sociales en todo el territorio del Estado y garantizado la equidad y solidaridad interterritorial y el papel de cohesión que desarrollan las organizaciones sociales del Tercer Sector en la gestión de los programas sociales del IRPF.

Esta amplia representación del sector, que muestra su respeto a las resoluciones judiciales, reclama del Gobierno la adopción de cuantas medidas normativas y jurisdiccionales estén a su alcance para defender y consolidar el actual modelo de articulación de la asignación tributaria del IRPF para fines sociales y garantizar la solidez y cohesión de las organizaciones sociales que configuran el Tercer Sector.

La Plataforma rechaza rotundamente cualquier cambio en el actual modelo de competencia estatal de la asignación tributaria del IRPF para fines sociales hacia cualquier otro modelo que ponga el acento en el ámbito territorial por considerarlo extraordinariamente perjudicial para el Tercer Sector y el conjunto de las organizaciones sociales y por implicar un grave retroceso en la construcción de respuestas sociales basadas en la equidad y la solidaridad interterritorial.

La sentencia podría poner en riesgo los programas que se realizan con los fondos procedentes del 0,7% del IRPF, y que constituyen un medio fundamental para el desarrollo de las políticas de solidaridad en todo el territorio nacional, con una mejor y más rápida respuesta a los problemas sociales, con una labor más rápida e innovadora que la de las administraciones públicas.

La modificación atentaría contra una parte destacada de los programas sociales que se desarrollan por ONG implantadas en todo el territorio del Estado o en varias comunidades autónomas, lo que perjudicaría la vertebración de la política social en España.

Otros efectos de la sentencia, en caso de llevarse a efecto, sería la obligatoria multiplicación de estructuras de ONG; se perdería el efecto de trabajo en red, que ha dado muy buenos resultados; y podría ocasionar la desaparición de muchas actuaciones realizadas por organizaciones pequeñas e incluso su propia existencia.