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MAR
El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha abierto una investigación para aclarar la actuación de los responsables de Telecinco y del programa de Ana Rosa Quintana en la entrevista realizada a Isabel García, mujer del presunto asesino de la niña Mari Luz. La investigación se produce por el modo en que esta persona, que tiene discapacidad intelectual, “fue conducida de Sevilla a Madrid y con posterioridad a dependencias policiales”, según informa EFE.
Isabel García fue presuntamente convencida por el equipo del programa de Ana Rosa Quintana para que no se separara de su lado y no hablara con ningún otro medio de comunicación. Tras varios días, grabaron una entrevista en la que acaba confesando que su marido “se cargó a la niña”, en contra de lo que ella misma había declarado en el juicio. En imágenes de la entrevista no emitidas, que han salido a la luz después, puede verse a García afirmando muy alterada que no quiere que la entrevisten más y que no sabe dónde se encuentra.
FEAPS apoya la iniciativa del citado Juzgado de Instrucción para esclarecer en qué medida han sido vulnerados los derechos de esta persona con discapacidad intelectual. Asimismo, FEAPS muestra su preocupación por los reiterados casos de vulneración que sufren estas personas. Situaciones que son reflejo de los obstáculos que tienen para el ejercicio cotidiano de sus derechos como ciudadanas.
No obstante, FEAPS considera que esta reivindicación y ejercicio de derechos, no ha de eximir de la asunción de responsabilidades y deberes ante la justicia y la sociedad por parte de las personas con discapacidad intelectual de del desarrollo.
La Misión de FEAPS incluye informar y concienciar a la sociedad en relación a este tipo de situaciones de vulneración de derechos que pueden atentar contra la dignidad de las personas. En la actualidad hemos iniciado un proceso de formación sobre derechos dirigido a las propias personas con discapacidad intelectual, para que aprendan a defenderlos por sí mismas y eviten este tipo de casos.
FEAPS está formada por 891 entidades repartidas por el territorio español. Representa a más de 106.700 personas con discapacidad intelectual, 235.000 familiares, 24.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias.
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